Pero lo que más llamó la atención no fue el pobre acuerdo al que llegaron las partes y que poco beneficia a los productores locales; sino que fue la férrea defensa que hizo el intendente local, Lucas René Arapa, quien se abanderó en la causa del pueblo que dirige y solicitó que el precio sea establecido en 400 pesos por kilo, a lo que los compradores, en su mayoría empresarios acaudalados, respondieron rápidamente con una negativa que le bajó las esperanzas al jefe comunal.

Si bien no es algo nuevo que Arapa, el intendente “estafador” mencione los bajos ingresos para los productores, no faltaron los pobladores del lugar que afirmaron que, en realidad, todo es una maniobra política para intentar captar votos en las próximas elecciones legislativas. Es que el intendente de Libres del Sur, ya tendría sus objetivos fijados en la Cámara de Diputados de la provincia de Salta, hasta donde, dijo, tiene pensado llevar el reclamo de las miles de personas que viven gracias al pimiento.

A fines de este 2021, se vence el mandato en diputados de Marcelo Oller Zamar. Lo último que se sabe del legislador es que presentó un proyecto, el cual fue aprobado, para declarar de interés el ovnipuerto de Cachi, departamento al que representa. Dicho proyecto no habría sido tan polémico si se hubiera tratado en otro momento, pero justo ese día se había descartado desde la Cámara un testeo masivo al personal de salud lo que hizo que el proyecto solo sirva para caldear los ánimos de una población que veía acrecentarse cada vez más la crudeza de la pandemia por covid.

Oller Zamar, tendría los días contados ya que Arapa, a quien le quedan todavía un par de años al frente de la intendencia de Payogasta, ya habría arreglado con los “popes” del PJ salteño, la candidatura de una persona muy allegada a él para reemplazar al actual legislador. Desde el Valle Calchaquí aseguran que Arapa se quedaría (a través de otra persona, seguramente un familiar), con la banca en Diputados y que el Senado lo decidiría el intendente Cachi, el ex radical y saencista Américo Liendro.

En un párrafo anterior mencionamos a Arapa como el intendente “estafador”. Y es porque aún no se sabe nada de las soluciones que iba a gestionarle a una familia para que pudiera acceder a una regularización de deuda para poder estar al día con un terreno en aquel municipio. En agosto, el jefe comunal le solicitó a la damnificada la suma de 2000 pesos y distintos papeles que, hasta el momento, no fueron devueltos y el terreno en cuestión sigue sumando deudas.

También, fue acusado por un numeroso grupo de vecinos del barrio Nuevo, en el paraje Palermo Oeste, quienes denunciaron en Salta Capital las maniobras realizadas por Arapa para quitarles terrenos que habían sido entregados en 2015 por la ex intendenta Gladys Salva, y que tenía la intención de entregárselo a un grupo de amigos que trabajaron para él en la campaña de ese año que lo llevó a la intendencia.