Alarma y preocupación por un inminente desalojo a la comunidad Diaguita Calchaquí
Los integrantes de la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Salta, denunciaron el inminente desalojo de sus tierras que fue ordenado por el Secretario del Juzgado de Garantías de la Octava Nominación, Abel Ignacio Goytia, a quien acusan de desconocer y violar los derechos colectivos de los pueblos originarios preexistentes.
Ante esta dura situación, la comunidad ubicada en el departamento de Cachi, permanece en estado de alerta y en asamblea permanente ante la intimación judicial. Muy preocupados, los dirigentes elevaron una carta a la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda.
Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita Salta - UPNDS: Kachi: Pueblo Nación Diaguita en alerta por Inminente desalojo de Territorio comunitario. : https://t.co/ZPOAG9GaRs
— Liz (@Liz91152298) December 7, 2020
Al respecto, Juan Sebastián Condori y Santos Esteban Alancay, representantes de la comunidad y delegados al Consejo de Participación Indígena en la provincia de Salta pusieron en conocimiento público la orden de Goytia y cuestionaron “el accionar sistemático, discriminatorio del Poder Judicial de la provincia de Salta en contra de los derechos fundamentales de incidencia colectiva vigentes para pueblos originarios”.
Desde la comunidad diaguita lamentaron que en este contexto se desconozcan y violen las garantías constitucionales y los tratados internacionales que reconocen y avalan “nuestros derechos como sujetos preexistentes”, para favorecer “a sectores que constantemente intentan turbar la posesión y usurpar el territorio comunitario, poniendo en duda nuestra titularidad”.
En un documento al que accedió NOVA, los comuneros indican que hicieron varias presentaciones formales con la respectiva documentación que acredita la posesión actual, tradicional y pública de la comunidad del territorio donde habitan, pero que la justicia los ningunea.
Asimismo, argumentan que la posesión del territorio se ampara en la aplicación de la ley 26.160 y sus prórrogas, con resolución N° 050/14. Pese a ello, denuncian que la justicia salteña intenta omitir esta documentación, que el mismo Estado Nacional ha reconocido y relevado.
En ese marco, las familias solicitan una mesa interinstitucional de diálogo intercultural con los diferentes organismos nacionales y provinciales para evitar la confrontación y el desalojo. Reclaman que haya acceso a la justicia donde prime el derecho colectivo sobre el derecho individual, que favorezcan los derechos económicos, sociales y culturales de la comunidad.
Así las cosas, lamentaron que en un Estado de Derecho “tengamos que revivir lo ocurrido hace diez años”, donde en diciembre del 2010 sufrieron un desalojo “con violencia institucional, represión policial, destrucción de viviendas y de los cultivos de sustento familiar, provocando daños irremediables que se guardan en nuestra memoria como parte de un proceso de lucha territorial”.
Finalmente, exigieron el cumplimiento pleno efectivo de sus derechos para que puedan vivir en paz en sus territorios. Por eso, convocaron a todas las organizaciones de Pueblos Naciones Originarios, Organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales “que acompañen nuestra lucha como pueblo Nación Diaguita en Salta”, señalaron al final del documento.
