Judiciales y Policiales
Nadie se salva

Acusan al municipio de San Lorenzo de desviar dinero de obras para funcionarios

“Kila” Gonza, intendente de San Lorenzo.

El diario “Voces críticas” publicó una fuerte acusación contra el municipio de San Lorenzo en donde muestra facturas de una mujer que se dedica al diseño gráfico que habría facturado más de un millón de pesos para la construcción de núcleos húmedos. Lo grave sería que este dinero habría sido depositado en las cuentas de algunos funcionarios municipales.

Quien se percató del accionar -llamándoles la atención que una diseñadora facture tamaña cifra sin ser específica del área- fue el cuerpo de ediles del Concejo Deliberante, que solicitó cuatro pedidos de informe al Instituto Provincial de la Vivienda y a la Municipalidad de San Lorenzo.

El caso salió a la luz luego de que la AFIP intimara a la mujer por adeudar al fisco una suma superior al millón de pesos. Al parecer, según publica “Voces Críticas”, Adrián Segura, secretario de Obras Públicas local, sería quien habría recibido el dinero facturado en cada obra, que dicho sea de paso, también se investiga si existieron y se llevaron a cabo efectivamente. En el caso también están involucrados otros funcionarios que habrían recibido dinero por el fraude.

A la mujer en cuestión la habrían hecho inscribirse como monotributista en la categoría H. Además, registraba en un cuaderno “todos los movimientos de la operación que aportaría en una pronta indagatoria a la que sería llamada por la Fiscalía”. Aparentemente, allí estaría de manifiesto que fue dirigida por Segura a inscribirse como monotributista para facturar para la Municipalidad y que luego el dinero iría a la cuenta de varios funcionarios.

El intendente “Kila” Gonza ya tiene varios antecedentes fraudulentos que lo involucran con el mismo modus operandi”, razón que lo llevó a una destitución en febrero de 2017 por encontrarse involucrado él y varios familiares.

Asimismo, tiene una destitución aprobada por el Concejo Deliberante por cinco votos contra dos en donde “se lo acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público y supuestas irregularidades en la administración, como ausencia de papeles en contratos de camiones, negativa a responder los pedidos de informe de los concejales, prohibición de ingreso de los ediles a revisar los canchones y acciones contra los sindicalistas, entre otras cuestiones”.

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