Recién el jueves, luego de enviar a funcionarios de segunda y tercera línea, el gobernador Gustavo Sáenz se hizo presente en Pichanal, en donde intentó frenar el avance de la peregrinación indígena. Pero no tuvo suerte y ante el éxito del reclamo, al mandatario no le quedó opción que colaborar con los originarios, disponiendo de colectivos para su traslado al Hogar Escuela de la Ciudad de Salta.

El reclamo, que no es nuevo sino que es constante desde hace varias décadas, se acrecienta con la crisis socioalimentaria y sanitaria que viven los salteños. La falta de agua, y la falta de asistencia social, les cuestan vidas a los pueblos originarios y eso es, justamente, lo que reclamaron: asistencia; no ser olvidados.

Alcira Figueroa, diputada nacional por Salta, confirmó que serían al menos 30 los integrantes de pueblos originarios fallecidos en los últimos meses por enfermedades relacionadas a la falta de agua y a la malnutrición. Todo estaría plasmado en un informo el cual, hasta el momento, no fue publicado.

La legisladora, habló de la desidia y el desprecio que sufren las comunidades. “Es muy común que un intendente, concejales, diputados, adquieran tierras donde ellos viven. Abusaron de su buena voluntad, de que los votaron, y terminaron adueñándose de sus territorios”, exclamó por Somos Salta Jujuy.

Este viernes, los integrantes de la “Histórica Marcha de Unidad de las Comunidades Originarias de Salta” que comenzó el lunes, iban a ser recibidos por el gobernador Sáenz, aunque un incidente en el Hogar Escuela obligó a postergar el cónclave al menos para este sábado.

Figueroa remarcó que, al dato de las 30 muertes, se lo dio integrante de los pueblos originarios mientras estaban en el cruce de Pichanal. “Fue muchísima más la gente que murió y no por Covid precisamente. Muchos organismos cerraron sus puertas por el aislamiento. Esta gente no tiene opción, están sometidos a una vulnerabilidad extrema. O marchan, o se mueren”, afirmó la legisladora.

Para la diputada, durante 500 años hubo un plan de exterminio sistemático, desconocimiento e indiferencia de los gobiernos con los pueblos originarios. ”Esto lo viví en carne propia, cuando trabajé en el INTA por más de 20 años. Tuve que luchar contra esos prejuicios con respecto a los pueblos originarios”, remarcó al mismo tiempo que afirmó que hay un descreimiento de las comunidades con los gobernantes y la clase política salteña.